Aplicación De Las Leyes 39 Y 40/2015. 12 Casos Prácticos

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Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosPágina 1 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosAplicación de las Leyes39 y 40/201512 casos prácticosPágina 2 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosÍNDICE:1. Consecuencias de la inaplicación en los Ayuntamientos delas nuevas exigencias de la LPACAP sobre administraciónelectrónica2.Aplicación a las entidades locales de los principios debuena regulación y otros aspectos de la LPACAP, como lanecesidad de planificación y evaluación normativa y laparticipación de los ciudadanos en el procedimiento deelaboración de ordenanzas y reglamentos3.Supuesto de rechazo de notificación a través de medioselectrónicos conforme a la LPACAP. ¿Debe publicarse enel BOE un anuncio de la misma?4. Días inhábiles: cómputo de plazos con ocasión de entradaen vigor de la LPACAP. Régimen transitorio5.Uso de factura electrónica tras la entrada en vigor de laLey 39/2015: ¿todas las personas jurídicas debenpresentar sus facturas a través de FACE, conindependencia del importe?6.Pie de recurso en resoluciones que afecten al personallaboral del Ayuntamiento tras la entrada en vigor de la Ley39/20157. ¿Se aplica la Ley 40/2015 a los convenios reguladores delas subvenciones? Régimen transitorio (2016/1008239)Página 3 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos8.Presentación de documentación por la Sede Electrónicadel Ayuntamiento: desaparición de la necesidad de lacopia compulsada conforme a la Ley 39/20159.Plazo máximo de resolución de los procedimientossancionadores tras la entrada en vigor de las Leyes39/2015 y 40/201510.Tramitación simplificada del procedimiento sancionadorconforme a la Ley 39/2015: ¿hay separación entre faseinstructora y sancionadora? ¿Se emite propuesta deresolución?11.Madrid. Vigencia de la regulación autonómica delprocedimiento sancionador tras la entrada en vigor de lasLeyes 39/2015 y 40/201512.Cataluña. Vigencia de la regulación autonómica delprocedimiento sancionador tras la entrada en vigor de lasLeyes 39/2015 y 40/2015Página 4 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos1Consecuencias de la inaplicación en losAyuntamientos de las nuevas exigencias de laLPACAP sobre administración electrónica(EDE 2016/1008228)PlanteamientoA día de hoy, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y 40/2015,nuestro Ayuntamiento sigue funcionando en papel ya que nocontamos con administración electrónica.¿Qué consecuencias tiene en los expedientes y cómo hemos deactuar? ¿Son nulos de pleno derecho o anulables?Como funcionarios, ¿incurrimos en responsabilidad? ¿Seríaconveniente dejar constancia de que incumplimos la ley deprocedimiento en cada uno de los informes-propuesta de cadaexpediente, o bien con uno general por registro de entrada paraque no quede constancia en cada expediente sería suficiente?¿Es válido, si nos pide el interesado expresamente que lo hagamoselectrónicamente o por correo electrónico, notificar en papel?RespuestaComo se apunta en la consulta, el 2 de octubre de 2016 se haproducido la entrada en vigor de la Ley 39/2015,de 1 de octubre,del Procedimiento Administrativo Común de las AdministracionesPágina 5 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosPúblicas -LPACAP- y de la Ley 40/2015,de 1 de octubre, deRégimen Jurídico del Sector Público -LRJSP- .En particular, de acuerdo con la Disp. Final 7ª LPACAP, su entradaen vigor se produjo al año de su publicación en el «Boletín Oficialdel Estado», publicación que tuvo lugar en el BOE número 236, de2 de octubre de 2015, siendo por ello, desde el 2 de octubre de2016, de cumplimiento obligatorio e inexcusable.No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico deapoderamientos, registro electrónico, registro de empleadospúblicos habilitados, punto de acceso general electrónico de laAdministración y archivo único electrónico, producirán efectos a losdos años de la entrada en vigor de la Ley (esto es, el 2 de octubrede 2018) no resultando por ello al día de hoy todavía obligatorias.Centrándonos pues en los aspectos de la LPACAP que sí están enpleno vigor, en relación con los actos administrativos que se dictenprescindiendo de sus términos, obviamente incurrirán en algunos delos vicios de forma que se enumeran en los arts. 48 y ss de lamisma, esto es, en el vicio de nulidad cuando se prescinda total yabsolutamente del procedimiento legalmente establecido y en el deanulabilidad cuando dicho defecto de forma implique que el actocarezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar sufin o dé lugar a la indefensión de los interesados; constituyendo enlos demás supuestos un vicio de irregularidad no invalidante.En cuanto a la responsabilidad de los empleados públicos, debedestacarse que el art. 20 LPACAP prevé que los titulares de lasunidades administrativas y el personal al servicio de lasAdministraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o eldespacho de los asuntos, serán responsables directos de sutramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover losobstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno delos derechos de los interesados o el respeto a sus interesesPágina 6 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticoslegítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar todaanormalidad en la tramitación de procedimientos, añadiendo quelos interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidada la Administración Pública de que dependa el personal afectado, loque se relaciona directamente con el derecho para exigirresponsabilidades conferido en el art. 13.f) a cualquier persona quese relacione con las Administraciones Públicas, y, en los arts. 53.1.b)y 76.2, a los interesados en el procedimiento administrativo encuestión, y por ello, con la responsabilidad disciplinaria.Para ello entendemos que con que resulte suficientementeacreditado por los empleados públicos que el incumplimientoinjustificado de las nuevas previsiones no les es imputable a ellos,habría de exonerarlos de dicha responsabilidad. Ahora bien,entendemos innecesario dejar constancia de ello en cada uno de losprocedimientos que se tramitan, por simple exigencia de la debidaordenación procedimental prevista en la propia LPACAP.Respecto de la notificación en papel, ha de recordarse que el art.41.1 LPACAP establece una previsión preferente de notificación pormedios electrónicos, que resulta preceptiva, además, cuando elinteresado resulte obligado a recibirlas por esta vía.En efecto, el art. 14 LPACAP dispone que las personas físicaspodrán elegir en todo momento si se comunican con lasAdministraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos yobligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que esténobligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con lasAdministraciones Públicas. El medio elegido por la persona paracomunicarse con las Administraciones Públicas podrá sermodificado por aquella en cualquier momento. En todo caso,estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicoscon las Administraciones Públicas para la realización de cualquierPágina 7 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticostrámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientessujetos:“a) Las personas jurídicas.b) Las entidades sin personalidad jurídica.c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requieracolegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicencon las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividadprofesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderánincluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.d) Quienes representen a un interesado que esté obligado arelacionarse electrónicamente con la Administración.e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámitesy actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición deempleado público, en la forma en que se determinereglamentariamente por cada Administración.”Además, reglamentariamente, las Administraciones podránestablecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medioselectrónicos para determinados procedimientos y para ciertoscolectivos de personas físicas que, por razón de su capacidadeconómica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quedeacreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medioselectrónicos necesarios (art. 14.3 LPACAP).No obstante lo anterior, el art. 41.1 LPACAP dispone que lasAdministraciones podrán practicar las notificaciones por medios noelectrónicos en los siguientes supuestos:“a) Cuando la notificación se realice con ocasión de lacomparecencia espontánea del interesado o su representante en lasoficinas de asistencia en materia de registro y solicite lacomunicación o notificación personal en ese momento.Página 8 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosb) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativaresulte necesario practicar la notificación por entrega directa de unempleado público de la Administración notificante.”Además, los interesados que no estén obligados a recibirnotificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquiermomento a la Administración Pública, mediante los modelosnormalizados que se establezcan al efecto, que las notificacionessucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medioselectrónicos.Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer laobligación de practicar electrónicamente las notificaciones paradeterminados procedimientos y para ciertos colectivos de personasfísicas que por razón de su capacidad económica, técnica,dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienenacceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art.41.1 LPACAP).Por otra parte, tal y como establece el art. 41.2 LPACAP, en ningúncaso se efectuarán por medios electrónicos las siguientesnotificaciones:“a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado deelementos que no sean susceptibles de conversión en formatoelectrónico.b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados,tales como cheques.”Resulta así que, salvo que se trate de un interesado que resulteobligado a relacionarse electrónicamente con la AdministraciónPública y, por ello, a recibir las notificaciones por dicha vía, laspersonas físicas podrán elegir en todo momento si se comunicancon las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechosy obligaciones a través de medios electrónicos o no, debiendoPágina 9 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosnecesariamente la Administración Pública practicar la notificaciónpor el medio por el que se ha optado.Conclusiones1ª. Tras la entrada en vigor de la LPACAP, salvo los aspectosrespecto de los que aún existe un período transitorio, todas susprevisiones resultan de cumplimiento obligatorio e inexcusable, porlo que los actos administrativos que se dicten prescindiendo de sustérminos, incurrirán en algunos de los vicios de forma que seenumeran en la misma (nulidad o anulabilidad).2ª. La responsabilidad de los empleados públicos en elcumplimiento de las previsiones de la LPACAP resulta exigible porlos ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicasy, de modo particular, por los interesados en los procedimientosadministrativos, por lo que deberá quedar suficientementeacreditado por los empleados públicos que el incumplimientoinjustificado de las nuevas previsiones no les es imputable a ellos.3ª. Salvo que se trate de un interesado que resulte obligado arelacionarse electrónicamente con la Administración Pública y, porello, a recibir las notificaciones por dicha vía, las personas físicaspodrán optar en todo momento si se comunican con lasAdministraciones Públicas a través de medios electrónicos o nopara el ejercicio de sus derechos y obligaciones, debiendo laAdministración Pública practicar necesariamente la notificación porel medio elegido.Página 10 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos2Aplicación a las entidades locales de losprincipios de buena regulación y otrosaspectos de la LPACAP, como lanecesidad de planificación y evaluaciónnormativa y la participación de los ciudadanosen el procedimiento de elaboración deordenanzas y reglamentos(EDE 2016/1008001)PlanteamientoLos principios de buena regulación establecidos en el art. 129 de laLey 39/2015, de 1 de octubre, ¿son de aplicación a las entidadeslocales? ¿Y lo dispuesto en los arts. 130, 132 y 133 en cuanto a laconsulta previa a la redacción del texto correspondiente?RespuestaUna de las principales novedades introducidas por la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas -LPACAP-, es la previsión de un Título VIque tiene por objeto “la iniciativa legislativa y de la potestad paradictar reglamentos y otras disposiciones”.En el seno de dicha regulación se contemplan en el art. 129LPACAP los llamados principios de buena regulación, en el art. 130la evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a losPágina 11 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosprincipios de buena regulación, en el art. 132 la planificaciónnormativa y en el art. 133 la participación de los ciudadanos en elprocedimiento de elaboración de normas con rango de Ley yreglamentos, algunas de las cuales ya existían en nuestroordenamiento jurídico al estar comprendidas en el articulado de laLey 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible -LES- (arts. 4a 7, ahora derogados).Como puede observarse, en todos estos preceptos las previsionesde la LPACAP vienen referidas a “las Administraciones Públicas”,dando a entender que las mismas resultan aplicables a todas ellas yno sólo a la Administración General del Estado.Esta afirmación se ve reforzada por el contenido del apartado 2º dela Disp. Final 1ª LPACAP, al establecer respecto del títulocompetencial de la misma, lo siguiente:“1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado lacompetencia para dictar las bases del régimen jurídico de lasAdministraciones Públicas y competencia en materia deprocedimiento administrativo común y sistema de responsabilidadde todas las Administraciones Públicas.2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictarreglamentos y otras disposiciones y la disposición adicional segundade adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales alas plataformas y registros de la Administración General del Estado,se aprueban también al amparo de lo dispuesto en el artículo149.1.14.ª, relativo a la Hacienda general, así como el artículo149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia en materia de basesy coordinación de la planificación general de la actividad económica3. Lo previsto en los artículos 92 primer párrafo, 111, 114.2 ydisposición transitoria segunda, serán de aplicación únicamente a laPágina 12 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosAdministración General del Estado, así como el resto de apartadosde los distintos preceptos que prevén su aplicación exclusiva en elámbito de la Administración General del Estado.”Parece claro, pues, que dichas previsiones son claramenteaplicables a las entidades locales para cualquier manifestación de lapotestad reglamentaria de las mismas, ya se trate de un reglamentoo de una ordenanza, incluso cuando la misma tenga laconsideración de ordenanza fiscal.Respecto de los plazos no previstos en el art. 133 LPACAP,entendemos que resulta aplicable la normativa propia de cadaAdministración Pública, de modo que en el ámbito estatal habrá deestarse a la nueva redacción del art. 26 de la Ley 50/1997, de 27 denoviembre, del Gobierno, que en su apartado 1º prevé, respecto dela consulta previa, que:“ deberá realizarse de tal forma que todos los potencialesdestinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión,para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que enningún caso será inferior a quince días naturales.”Y en su apartado 6º, respecto de la audiencia e informaciónpúblicas, dispone que su plazo mínimo “será de 15 días hábiles, ypodrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuandorazones debidamente motivadas así lo justifiquen”.En el ámbito local, ante la inexistencia de previsión al respecto de laconsulta previa, entendemos que resultará aplicable de modosupletorio el citado plazo de 15 días naturales. Y, por lo queconcierne a la audiencia e información pública, entendemos que seextenderá por los 30 días que prevé tanto el art. 49 de la Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local LRBRL- como el art. 133.2 LPACAP.Página 13 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosConclusiones1ª. Las previsiones de la LPACAP relativas a “la iniciativa legislativa yde la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”resultan aplicables al conjunto de las Administraciones Públicas,entre ellas las que integran la Administración Local, respecto decualquier manifestación de la potestad reglamentaria de las mismas.2ª. Resultan aplicables, por tanto, a las Entidades locales losllamados principios de buena regulación, la necesidad de evaluaciónnormativa y adaptación de la normativa vigente a los principios debuena regulación, la necesidad de planificación normativa y, porúltimo, la participación de los ciudadanos en el procedimiento deelaboración de ordenanzas y reglamentos (mediante consultaprevia y mediante audiencia e información pública).3ª. Ante la inexistencia de previsión al respecto de la duración de laconsulta previa, resultará aplicable de modo supletorio el plazo de15 días naturales previsto en el ámbito de la Administración Generaldel Estado.4ª. Por lo que concierne a la audiencia e información pública, seextenderá por los 30 días que prevé tanto el art. 49 LRBRL como elart. 133.2 LPACAP.Página 14 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos3Supuesto de rechazo de notificación através de medios electrónicos conformea la LPACAP. ¿Debe publicarse en elBOE un anuncio de la misma?(EDE 2016/1008098)PlanteamientoRespecto a las notificaciones a través de medios electrónicos, el art.43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que se entenderánpracticadas en el momento en que se produzca el acceso a sucontenido; y, si transcurren 10 días naturales desde la puesta adisposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, seentenderá rechazada.¿Qué debemos entender por "rechazada"? En el art. 41.5 de lacitada Ley, en el supuesto de rechazo se da por efectuado el trámitey se continúa el procedimiento. ¿Eso significa que, de acuerdo conlo previsto en el art. 44 (notificación infructuosa: "que no sehubiera podido practicar"), debe hacerse la notificación con unanuncio en el BOE?RespuestaSi acudimos al art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, delProcedimiento Administrativo Común de las AdministracionesPúblicas -LPACAP-, vemos que se recogen las condicionesPágina 15 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosgenerales para la práctica de las notificaciones, cualquiera que seael medio empleado y se establecen de manera acumulativa losrequisitos para su validez al indicar que:“Con independencia del medio utilizado, las notificaciones seránválidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puestaa disposición, de la recepción o acceso por el interesado o surepresentante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de laidentidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.”Así pues, un elemento esencial es la práctica de la notificación quese hará, en el caso de las notificaciones en papel, mediante laentrega en el domicilio indicado según el procedimiento detalladoen el art. 42 LPACAP, y mediante la comparecencia en la sedeelectrónica y acceso al contenido, en las notificaciones por medioselectrónicos conforme al art. 43 LPACAP. De esta forma, la puestaa disposición supone el intento de notificación a los efectos deconsiderar cumplido el trámite de notificar dentro del plazoestablecido para resolver el procedimiento que prevé el art. 40LPACAP, pero no supone la práctica de la notificación al interesadopuesto que ello se da con el acceso.En ambos casos se asegura que el interesado o una persona de sucírculo, sea residente en su domicilio o representante, puedeconocer el texto del documento que se le notifica.Así, inicialmente podríamos entender que, en caso de no llegar aacceder a la notificación, conforme al art. 43.2 LPACAP, no sepuede dar por practicada la misma y, por tanto, entraría en juego elart. 44 LPACAP. Ésa sería la interpretación más garantista y queevitaría la indefensión de la persona receptora de la notificación.Dicho artículo es común a ambos tipos de notificación y prevé laforma de actuar tanto ante las notificaciones infructuosas, comoante aquéllas en las que los interesados en un procedimiento seandesconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentadaPágina 16 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosésta, no se hubiese podido practicar. Sin embargo, en este artículono se hace mención a las notificaciones rechazadas, puesto que eltratamiento que les reserva la ley es otro.Para entender la naturaleza de esta forma de notificar y, en general,de todo el concepto de la llamada Administración electrónica, hayque acudir al antecedente normativo inmediato que lógicamente esla Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de losciudadanos a los Servicios Públicos -LAESP-, por la que se implantóy que cuyo contenido ahora recoge la vigente ley de procedimientoadministrativo común. En esa nueva forma de relacionarse con laAdministración se establecía una equiparación entre la persona querechazaba la recepción de la notificación en el momento en el quese intentaba la entrega, de manera expresa, con la que, sabiendoque tiene a su disposición el documento en la sede electrónica, nollega a acceder a ella dejando pasar el plazo concedido de diez díasy rechazándola, por tanto, tácitamente. Por así decirlo, la suma delpaso del tiempo más su inactividad hace presumir la voluntad delrechazo.La doctrina criticó la redacción del proyecto de la LPACAP puestoque no recoge ninguna excepción por la existencia deimpedimentos técnicos tanto de la propia sede como del usuarioque justifiquen la falta de acceso, como hacía la LAESP en el art.28.3, antecesor del art. 43.2 LPACAP. Es fácil prever la cantidad deproblemas que se darán en este campo a consecuencia de losdiferentes sistemas operativos, versiones de la aplicación utilizadapara el acceso a cada plataforma, navegadores de internet,actualizaciones de software, etc., que utilizan tanto laAdministración como sobre todo la ciudadanía.El citado art. 28.3 LAESP disponía que:“Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposicióntranscurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido,Página 17 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosse entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectosprevistos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico ydel Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes,salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe laimposibilidad técnica o material del acceso.”Como vemos, la LAESP sí remitía al precepto de la ya derogada Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y delProcedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, que es elequivalente del actual art. 41.5 LPACAP, lo que nos facilita lacorrecta interpretación del precepto.Por ello, la jurisprudencia que encontramos entiende que siempreque se formulase el aviso correctamente para poner a disposicióndel interesado la notificación, se da por cumplido el trámite y, enefecto, a los diez días se entiende rechazada la notificación. Por lotanto, la validez de la notificación se hace depender delcumplimiento de las formalidades por ambas partes, pero no sediscute que, una vez transcurrido el plazo para su acceso sinhacerlo, se entiende rechazada. Así vemos las Sentencias de la ANde 15 de febrero de 2016 y de 7 de enero de 2016, en las que seacepta el sistema de notificación que nos ocupa si bien “para que lanotificación electrónica sea válida, conforme se infiere del art. 115.2bis del Real Decreto 1065/2007, es preciso que la Administración,comunique al obligado tributario que se le practicaránnotificaciones por esta vía. Sólo tras dicha notificación puedeentenderse que existe «puesta a disposición» de la comunicación ysólo entonces es posible entender que, de no accederse a la mismaen el plazo de diez días, la notificación ha sido rechazada.”También resulta interesante la Sentencia del TSJ Castilla y León de17 de enero de 2014, en la que se analiza la importancia de lanotificación en el campo tributario pero con perfecta aplicación a loque nos ocupa. En esta sentencia se concluye que, al habersePágina 18 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosproducido ese rechazo, el procedimiento continuó y transcurrió elplazo para la interposición del recurso administrativo.Evidentemente, son sentencias que juzgan situaciones anteriores ala LPACAP pero, como hemos visto, esta ley incorpora casi en sutotalidad el texto de la LAESP, por lo que entendemos que susposicionamientos son válidos para el caso planteado.Por último, sobre esta cuestión el magistrado Rafael VillafáñezGallego, en su artículo de opinión titulado “Los medios electrónicosen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimientoadministrativo común de las Administraciones Públicas”, recogeparte de esas críticas doctrinales antes apuntadas por la indefensiónen que se puede encontrar el interesado al romperse el equilibrioentre garantías y eficiencia, señalando:“Así, Tomás-Ramón Fernández considera que la carga derivada delrégimen de notificaciones, que recaía sobre la Administraciónautora de un acto para que este pudiera desplegar sus efectospropios, «ha cambiado radicalmente de sentido, ya que ahora es elinteresado el que tiene que acudir al domicilio electrónico de laAdministración para recibir las notificaciones, so pena de caer enuna situación de irremediable indefensión»), mostrándoseespecialmente crítico con las consecuencias del nuevo régimen enel caso de que los interesados no tengan previamente establecidauna relación con la Administración, «no puede saber siquiera ni elqué, ni el cuándo, ni el dónde de una hipotética y siempre posiblenotificación». El Consejo de Estado, en este sentido, ya manifestósu preocupación sobre «cómo conciliar la multiplicidad deAdministraciones Públicas potencialmente notificadoras con losderechos de los interesados que, si no quieren ver rechazadas lasnotificaciones que se les practiquen, se ven abocados a acceder asus direcciones electrónicas al menos cada diez días. Por su parte,Santamaría Pastor, a propósito de la regulación contenida en elPágina 19 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosProyecto, sentenciaba que: «Por más que no sea grato, es forzosoreconocer que el acervo de garantías de los administradosexperimenta, con estos proyectos, un retroceso respecto de laversión original de la Ley 30/1992, pese a los errores eingenuidades de libro en que ésta incurrió».”También puede ser de interés la lectura del artículo de opinión “Elintento de notificación infructuoso: cambio jurisprudencial en lainterpretación del art. 58.4 de la Ley 30/1992”, del magistradoDiego Córdoba.Conclusiones1ª. La puesta a disposición supone el intento de notificación a losefectos de considerar cumplido el trámite de notificar dentro delplazo establecido para resolver el procedimiento que prevé el art.40 LPACAP, pero no supone la práctica de la notificación alinteresado puesto que ello se da con el acceso.2ª. Se debe interpretar el art. 43.2 LPACAP en el sentido de suliteralidad, de tal forma que la notificación por medios electrónicosse entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez díasnaturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que seacceda a su contenido, por lo que se dará por efectuado el trámitey se seguirá el procedimiento.3ª. En definitiva, se trata de un rechazo de la notificación, no de unanotificación infructuosa por lo que no procedería su anuncio en elBOE.Página 20 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos4Días inhábiles: cómputo de plazos conocasión de entrada en vigor de laLPACAP. Régimen transitorio(EDE 2016/1007853)PlanteamientoA raíz de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, en virtud de la cuallos sábados pasan a ser días inhábiles, tengo dudas respecto a laspublicaciones efectuadas antes de la entrada en vigor de la Ley el 2de octubre de 2016, y en las que finalice el período de exposición alpúblico con posterioridad a dicha fecha. ¿Cómo se computan losplazos? ¿Los días transcurridos antes del 2 de octubre habrá quetener en cuenta los sábados y a partir del día 2 ya no se contarían?¿O, al haber publicado antes de la entrada en vigor de la Ley39/2015, se contarían los plazos de acuerdo con la Ley 30/1992?RespuestaEl 2 de octubre de 2016 ha entrado en vigor la Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas -LPACAP-, previendo en su art. 30,respecto del cómputo de los plazos lo siguiente:“1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea sedisponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, seentiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del díaque formen parte de un día hábil.Página 21 de 77

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticosLos plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y deminuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar lanotificación o publicación del acto de que se trate y no podrántener una duración superior a v

Aplicación de las Leyes 39 y 40/2015. 12 Casos prácticos . Página 4 de 77 . 8. Presentación de documentación por la Sede Electrónica del Ayuntamiento: desaparición de la necesidad de la copia compulsada conforme a la Ley 39/2015 . 9. Plazo máximo de resolución de los procedimientos sancionadores tras la entrada en vigor de las Leyes

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